Normativa piscinas comunitarias.

Las piscinas comunitarias son un arma de doble filo: por un lado, son un reclamo para los propietarios al fomentar momentos de disfrute y relax, pero por otro lado son una fuente constante de conflictos entre los vecinos. Por eso no está de más que conozcamos cuáles son nuestros derechos y, sobre todo, nuestras obligaciones, a fin de hacer lo más pacífico posible el uso de esta zona común.

En cuanto a la normativa reguladora de las piscinas comunitarias, habrá que estar antes que nada a la Ley de Propiedad Horizontal, la que regula todo lo relativo a las comunidades de vecinos, desde el correcto funcionamiento de los servicios comunes hasta la resolución de conflictos entre los propietarios o creación/modificación de instalaciones comunitarias, cuestiones que afectan en todo caso a una piscina comunitaria, como un servicio más de la comunidad.

Hay que tener en cuenta también la consideración o no de la piscina como “recinto público”, lo que dependerá de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos, por ejemplo: Cataluña, Baleares, Murcia y Castilla León dejan la regulación de las piscinas comunitarias a las comunidades de vecinos en todo caso, entendiendo que son propiedad privada y quedan exentas, en consecuencia, de la normativa reguladora de piscinas públicas; en Madrid consideran que la piscina comunitaria adquiere carácter público si está ubicada en una comunidad de más de 30 viviendas; en Andalucía, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco se consideran públicas a partir de las comunidades de 20 viviendas o más. En la Comunidad Valenciana la normativa excluye a las piscinas comunitarias con aforo inferior a 100 personas.

Si bien como decimos la normativa es autonómica y, por lo tanto, variada, sí que existen una serie de requisitos mínimos relativos a seguridad, higiene y mantenimiento de las instalaciones que son prácticamente idénticos en todas las Comunidades Autónomas.

  • Socorristas: Suele ser obligatorio que haya uno mientras la piscina permanezca abierta. El número de socorristas obligatorio variará según la normativa autonómica, tomando también otros valores como el tamaño o tipo de piscina.
  • Disponer de un botiquín de primeros auxilios, correctamente equipado y situado en lugar visible.
  • Normas de uso interno: aprobadas en junta de vecinos por mayoría, deberán rezar en la entrada de la piscina y en el interior de las instalaciones en un lugar perfectamente visible.

** En este listado de normas hay que incluir un horario delimitado de apertura y cierre, sujeto a lo que venga establecido en los Estatutos de la Comunidad o bien se haya decidido por mayoría en junta de propietarios.

  • Instalaciones: varios puntos a tener en cuenta:
  1. La altura máxima del vaso de la piscina no podrá ser superior a 3 metros; obligatoriamente inferior a 0,60 metros en el caso de las piscinas infantiles.
  2. Los alrededores de la piscina deben medir al menos un metro de ancho y estar construidos con material antideslizante.
  3. Duchas: debe haber al menos dos en los alrededores de la piscina. Obligatoriamente deberán usarse antes de acceder al vaso.
  4. Uso de calzado específico (chanclas, sandalias) para acceder a las instalaciones.
  5. Las piscinas públicas deberán disponer, además de lo anterior, de aseos y vestuarios correctamente acondicionados y diferenciados por sexos.
  • Salubridad del agua: mediante sistemas adecuados de limpieza e higiene y personal cualificado para llevar a cabo el mantenimiento de condiciones adecuadas y legalmente exigidas de salubridad del agua.
  • Accidentes: Es necesario distinguir dos supuestos:
  1. Accidente culpa exclusiva de la víctima o caso fortuito: la comunidad de propietarios está exenta de responder e indemnizar el daño.
  2. Accidente responsabilidad de la empresa propietaria de la piscina por ejemplo o negligencia de la comunidad en la observancia y cumplimiento de alguno de los requisitos anteriores o contemplados en la normativa correspondiente. Aquí se aplica la responsabilidad civil comunitaria frente a terceros, y la comunidad deberá hacer frente a la indemnización oportuna. De esta forma, a pesar de que la Ley de Propiedad Horizontal no exige la contratación de un seguro de responsabilidad civil, sí es aconsejable que la comunidad disponga de uno, a fin de afrontar debidamente estas eventualidades.

 

Desacreditado el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas por actos de competencia desleal

La CNMC da la razón a la Asociación Nacional de Administradores de Fincas AAFF, e insta al Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas para que se abstenga de llevar a cabo publicidad similar relativa a la exclusividad profesional, por ser contraria a la Ley 15/2007, bajo la advertencia de incoación de expediente sancionador.

https://aaff.es/desacreditado-el-consejo-general-de-colegios-de-administradores-de-fincas/

«Nunca decir a la Guardia Civil que son okupas, sino que están robando»

Administradores de fincas dan consejos a vecinos de Recas por el allanamiento de pisos

«Nunca decir que son okupas, informar que han entrado en la casa y que están robando. De esta forma la Guardia Civil puede echarles en el momento» (sic). Es una de las «acciones» que algunos administradores de fincas aconsejan a los propietarios de comunidades de vecinospara las que trabajan en la localidad toledana de Recas.

Las advertencias vienen recogidas en escritos sin firma distribuidos a través de correos electrónicos por este municipio de 4.400 habitantes censados, y que también han sido difundidos por las redes sociales.

Los administradores de fincas ruegan a sus clientes que «extremen» las precauciones en la comunidad de vecinos. Así, recomiendan que se aseguren de mantener cerradas las cancelas y portales; no abrir a gente extraña y vigilar la puerta del garaje al salir y entrar, «asegurándose de que quede cerrada».

https://aaff.es/nunca-decir-a-la-guardia-civil-que-son-okupas-sino-que-estan-robando/

 

Un administrador que no formalizó una solicitud de ayudas deberá indemnizar a la comunidad

El administrador solicitó una subvención para cambiar el ascensor, pero no respondió al requerimiento de la administración para que aportara nueva documentación y no informó a los vecinos de que debían hacerlo.

http://www.elderecho.com/actualidad/Condenado-administrador-fincas-no-formalizo-solicitud-ayudas-ascensor_0_1093125208.HTML

 

¿Qué decimos sobre los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas?

 Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios de Administradores de Fincas y su Consejo Superior.

Detrás de este título, lo que se esconde son una serie de recomendaciones que la CNMC considera que deberían tenerse en cuenta antes de la aprobación de los nuevos Estatutos que marcarán la actividad de los administradores de fincas. 

Antes de nada, os comentamos brevemente las funciones de los administradores de fincas.

¿Que hacen los administradores de fincas?

Los Administradores de fincas se configuran como un órgano de gobierno de las comunidades de propietarios. Es un cargo que puede ser ejercido por por cualquier propietario, así como por personas físicas con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para ejercer dichas funciones. También podrá recaer en corporaciones y otras personas jurídicas.

A los administradores se les atribuyen una serie de funciones “mínimas”: i) velar por el buen régimen de la casa, instalaciones y servicios; ii) previsión y presupuestación de gastos que somete a la Junta de propietarios; iii) atender a la conservación de la casa, dando cuenta al presidente o propietarios; iv) ejecuta los acuerdos adoptados en relación a obras, efectuar pagos y cobros procedentes; v) actúa como secretario de la Junta de Administradores, etc.

El Informe de la CNMC tiene que ver con el Proyecto de Real Decreto por el que se aprobarán los Estatutos Generales de los Colegios de Administradores de Fincas y su Consejo Superior.  Concretamente, este Proyecto incluye una serie de elementos que la CNMC considera que pueden implicar restricciones injustificadas tanto para acceder a esta profesión como a la hora de ejercerla.

Para ser administrador de fincas…

  • Está la exigencia indirecta de colegiación obligatoria para ejercer la profesión, aspecto sobre el que la CNMC recuerda que el acceso a una profesión y su ejercicio solo puede limitarse con carácter excepcional y basado en los principios de necesidad y proporcionalidad por una norma con rango de Ley. Esta situación no se da en el caso de los Administradores de Fincas.

  • También está el requisito de tener un título oficial universitario de grado, en cuyo plan de estudios se incluyan conocimientos directamente relacionados con la administración de fincas, que la CNMC considera injustificado. Esta medida supone una restricción no justificada en su necesidad y proporcionalidad y supone limitar la actividad a un número  reducido de operadores.

  • En cuanto a la actividad de peritaje, incluida en los Estatutos, la CNMC recomienda evitar plantear la reserva de la actividad de pericia exclusivamente a los colegiados y que, por lo contrario, puedan ser incluidos otros profesionales, técnicos competentes habilitados para hacerlo, ya que no existe amparo legal para ello.

  • La CNMC recuerda que se debe extremar la cautela en la regulación de la función genérica del Colegio Profesional cuando se alude a “adoptar medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional y a procurar la armonía y colaboración entre colegiados”. Ambos conceptos no pueden amparar obviamente actos susceptibles de infringir la normativa de defensa de la competencia.

  • Finalmente, la CNMC recomienda evitar que los conceptos de intrusimo y el de competencia desleal sirvan, incorrectamente, para restringir el acceso a la actividad de administrador de fincas, una profesión no regulada y de libre acceso.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio de Fomento, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC, en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC.

Sobre los colegios profesionales y su necesidad de reforma, hemos hablado con detalle en:

Los colegios profesionales y su reforma, según la CNMC 

Por desgracia algunos administradores de fincas que pertenecen libremente a un colegio profesional, confunden a la sociedad con afirmaciones falsas, difunden la colegiación como un requisito obligatorio para ejercer como administrador de fincas, y que pertenecer a un colegio profesional es garantía de calidad y profesionalidad. Si miramos las condenas judiciales a Administradores de fincas colegiados por delitos, observaremos que son demasiadas, por lo que no se puede intentar relacionar la calidad con la colegiación. Seguramente habrá grandes profesionales colegiados, pero su profesionalidad no está ligada a la colegiación.

Afortunadamente, existen varias entidades profesionales que amparan y representan a profesionales que se dedican a la Administración de Fincas, además de velar por la profesionalidad de sus miembros, como son http://www.APETI.es, http://www.apaf.es y http://www.AAFF.es, entre otras. Posiblemente los miembros de estas entidades tengan la misma formación o superior a la de los colegiados, pero con la diferencia que no intentan excluir a otros profesionales de la administración de fincas, además de elegir libremente si pertenecer a un colegio o asociación profesional.

Afortunadamente las asociaciones profesionales enriquecen el sector, siendo el profesional el que elige si pertenecer a un colectivo u otro, según los servicios que ofrezcan a sus miembros.

Los colegios profesionales intentan sin éxito monopolizar el sector, y gracias a entidades como la CNMC y a la labor de sus funcionarios, además de los legisladores, esta profesión sigue siendo de libre acceso, no permitiendo que los colegios intenten monopolizar la profesión en contra de las actuales leyes, tanto nacionales como europeas.

Ánimo a todos los profesionales que se dedican a Administrar Fincas, afortunadamente tenemos la opción de poder elegir libremente si pertenecer a un colectivo o no, y si decidimos pertenecer a uno, podemos elegir entre varias organizaciones profesionales.

Gracias por la labor y esfuerzo que hacen todas las personas que contribuyen a que este país sea un poco más libre. Hay que seguir luchando para que los que intentar actuar de manera impositora no lo consigan, solo actúan en su propio beneficio..

Saludos y gracias.

Impuestos a tener en cuenta en la Rehabilitación de Edificios

Los impuestos que lastran la rehabilitación de edificios

Dicen de la rehabilitación que es la nueva apuesta del Gobierno en materia de vivienda. Subvenciones al respecto existen; de hecho, la Comunidad de Madrid acaba de abrir la convocatoria para solicitar las ayudas a la rehabilitación edificatoria de 2017. Una dotación de 14,1 millones de euros en juego, que se enmarca en el Plan de Vivienda 2013-2016, prorrogado para este año.

Sin embargo, los impuestos en obras de rehabilitación muchas veces lastran su ejecución.Sobre un presupuesto de 100.000 euros, una comunidad de propietarios ubicada en el distrito de Carabanchel (Madrid) ha decidido lavar la cara de su edificio.

Estos han sido los numerus clausus de poner en marcha las obras:

– Tasa por prestación de servicios urbanísticos: 1.000 euros (1% del total)
– Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO): 4.000 euros (4%)
– Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público: 500 euros (0,5%).
– IVA: 10.000 euros (10%)

Como vemos, los impuestos se “comen” el 15,5% del total de los costes. Ahora bien, el gasto del león se lo lleva en la rehabilitación de una comunidad el propio banco. “En este caso hemos pedido un préstamo por un importe de 87.000 euros, a un interés del 6,95% a 96 meses”, dice el administrador de esta finca. La comunidad tendrá que pagar unos intereses bancarios de 39.000 euros, representando solo este gasto el 39% del total de la operación.

Por fortuna, esta comunidad ha conseguido una subvención de 36.000 euros por parte de la Comunidad de Madrid, correspondiente a la convocatoria de 2016.

Ante este escenario, los administradores de fincas colegiados proponen medidas para impulsar la rehabilitación. Entre otras, subvención total del ICIO; eliminación de tasas como las de aprovechamiento de dominio público, que grava no sólo por el espacio de acera ocupado con un andamiaje, sino también la altura del edificio; reducción del IVA del 10 al 7%; o productos financieros específicos.

telefonía registro morosos

Cuándo reclamar si tu operadora te incluye en un registro de morosos.
Para que una operadora (u otra empresa) meta a un cliente en el registro de morosos la deuda tiene que ser indiscutible o estará atentando contra su honor. 

En 2014, un cliente de Yoigo cambió de compañía telefónica al entender que la señal no era buena y que había interrupciones en las comunicaciones. Al cierre de su relación, la operadora le reclamó 566,95€ en concepto de liquidación porque no respetó el compromiso de permanencia. Como se negó a pagar, Yoigo le metió en dos registros de morosos diferentes, Axnef y Badexcug.

Esta inclusión le salió muy cara: Ibercaja, UNO-E y Orange consultaron dicha inscripción, lo que implicó que se le denegase un préstamo y le cobraran mayores intereses por las comisiones.

En una sentencia del juzgado de Primera Instancia nº1 de Alcalá de Henares, se condenó a la compañía, hoy propiedad de MásMóvil, a pagar 3.000 euros por incluir de forma indebida en los ficheros de impagados al demandante, al que la sentencia identifica sólo como ‘Rómulo’.

Vulnera el derecho al honor

La sección 19 de la Audiencia Provincial de Madrid analizó el recurso de Yoigo contra esta sentencia y lo desestimó recientemente. Y de forma taxativa. “La inclusión en el registro de morosos, sin existir veracidad, vulnera el derecho al honor, por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia estimación, siendo intrascendente que el registro haya sido o no consultado por terceras personas”, recuerda el juez Fernando Delgado en la ponencia de la sentencia.

“Aunque la deuda permanece y es veraz como lo acredita la parte apelante, también es cierto lo que el apelado mantiene, es decir, que dicha inclusión la considera indebida porque la deuda ha sido discutida y que su devengo es una cuestión litigiosa”, añade. En resumen: si la deuda ha sido discutida, es injusto inscribir en el registro de morosos y penalizar al usuario.

Pero no es un caso aislado. Más de una quincena de sentencias consultadas por EL ESPAÑOL arrojan jurisprudencia sobre cómo la inclusión en registros de morosos, en determinadas condiciones, determina la existencia de un daño resarcible.

La Audiencia Provincial recuerda que la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) establece que sólo se pueden registrar y ceder datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados (…) siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquellos”.

Obligatorio

Para esto, han de cumplirse unos requisitos: “La existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada y que se haya requerido de pago al deudor, informándole que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los demás requisitos” se podrá incluir al moroso en el fichero.

La Audiencia interpreta que “no cabe inclusión de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, bastando para ello que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza”. Vamos, que si hay impago puede no ser por la falta de solvencia. Si la deuda resulta reconocida, por ejemplo, por una sentencia o laudo arbitral, sería legal, pero no hasta entonces.

¿Conclusión? Si algún lector se siente dañado en sus derechos al ser incluido en uno de estos temidos ficheros, haría bien en consultar con un experto en protección de datos.

TRIBUTACION VIVIENDA EN LA RENTA DEL 2015

Todas claves sobre cómo tributa la vivienda en la Renta de 2015

Una de las mayores preocupaciones de la mayoría de los contribuyentes pasa por cumplimentar correctamente todos los datos referentes a las deducciones por vivienda.

La campaña de la Renta 2015 arrancó la semana pasada y una de los grandes temas para la mayoría de los contribuyentes es el tratamiento fiscal de la vivienda. Este año, además, presenta novedades: como la eliminación de desgravación por alquiler.

Conviene tener claro qué deducciones puede aprovechar el contribuyente, cómo tributa, por ejemplo, la dación en pago o el alquiler.

COMPRA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

1. ¿Qué es la vivienda habitual? La Agencia Tributaria entiende por vivienda habitual a aquella que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de, al menos, tres años y aquella que el contribuyente la habite de manera efectiva y con carácter permanente, en un plazo no superior a doce meses, contados desde la fecha de adquisición o de terminación de las obras. Además, se asimilan a la vivienda habitual a efectos de la deducción los anexos y plazas de garaje adquiridas conjuntamente con la vivienda

2. ¿Cómo afecta la deducción por adquisición o rehabilitación? Desde el 1 de enero de 2013 está suprimida la deducción por inversión en vivienda habitual. Eso sí, los contribuyentes que adquirieron su inmueble anteriormente a esa fecha pueden seguir disfrutando de la desgravación en las condiciones anteriores al 31 de diciembre de 2012.

También pueden beneficiarse los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades con anterioridad a 1 de enero de 2013 por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, siempre que las citadas obras estén terminadas antes de 1 de enero de 2017. Asimismo, los contribuyentes que hubieran satisfecho cantidades para larealización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad con anterioridad a 1 de enero de 2013, siempre y cuando las citadas obras o instalaciones estén concluidas antes de 1 de enero de 2017.

Eso sí, hay que tener en cuenta que para poder aplicar el régimen transitorio de deducción se exige que los contribuyentes hayan aplicado la deducción por dicha vivienda en 2012 o en años anteriores, salvo que no la hayan podido aplicar todavía porque el importe invertido en la misma no haya superado el importe exento por reinversión o las bases efectivas de deducción de viviendas anteriores.

“Cuando la adquisición o rehabilitación se realicen con financiación ajena [hipotecas], las cantidades financiadas se entienden invertidas a medida que se vayan amortizando los préstamos obtenidos. En estos supuestos, formarán parte de la base de la deducción tanto la amortización del capital como los intereses y demás gastos derivados de dicha financiación”, asegura

El porcentaje en concreto a deducir es de un 15% sobre las cantidades aportadas con un límite máximo de 9.040 euros anuales, lo que a efectos reales arroja una deducción máxima de 1.356 euros.

En el caso de la adecuación de la vivienda habitual del contribuyente por razón de discapacidad, el límite es de 12.080 euros anuales.

3. ¿Cómo tributa la dación en pago? Desde el 1 de enero de 2014, está declarado exento del IRPF el beneficio obtenido en una dación en pago de ejecuciones hipotecarias o notariales de la vivienda habitual del deudor, o de su garante, para cancelar deudas garantizadas con hipoteca sobre la misma, siempre que el crédito haya sido concedido por una entidad bancaria o similar, si el propietario o el garante no tienen otros bienes o derechos suficientes para pagar.

En todo caso, es necesario que el propietario de la vivienda habitual no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.

4. ¿Qué es la exención por reinversión en vivienda habitual? Las ganancias patrimoniales obtenidas en la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente pueden resultar exentas, cuando el importe total obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de otra vivienda habitual o en la rehabilitación de aquella que vaya a tener tal carácter, asegura la Agencia Tributaria.

Esta reinversión debe realizarse de una sola vez y en un periodo no superior a dos años (anteriores o posteriores).

La reinversión del importe obtenido en la enajenación deberá efectuarse, de una sola vez o sucesivamente, en un período no superior a dos años, contados de fecha a fecha, que pueden ser no sólo los posteriores sino también los anteriores a la venta de la anterior vivienda habitual.

Hay que tener en cuenta, que en el caso de que el importe de la inversión sea inferior al de la ganancia con la venta, solamente se excluirá de gravamen la parte proporcional de la ganancia patrimonial que corresponda a la cantidad efectivamente reinvertida

ALQUILER

5. ¿Se deduce algo el inquilino? Desde 1 de enero de 2015 se suprime la deducción por alquiler de la vivienda habitual para el inquilino, para los contratos posteriores a esa fecha. En los contratos anteriores, la regulación fija una deducción del 10,05% de las cantidades satisfechas en el período impositivo, siempre que su base imponible sea inferior a24.107,20 euros anuales.

Esta supresión es únicamente en la deducción estatal y no en la autonómica.

6. ¿El alquiler genera un rendimiento? La Agencia Tributaria explica que los rendimientos procedentes del alquiler de una vivienda constituyen para el arrendador un rendimiento de capital inmobiliario.

7. ¿Qué debe declara el arrendandor?Eso sí, quien haya alquilado un piso no tiene que declarar el total de las rentas ingresadas. La cuantificación del rendimiento se realiza restando de los ingresos los gastos deducibles y aplicando sobre esta cantidad, en los casos que proceda, determinadas reducciones.

8. ¿Qué gastos se puede deducir el arrendador? Para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, pueden deducirse de los ingresos íntegros todos los gastos necesarios para su obtención, así como las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con el mismo, siempre que respondan a su depreciación efectiva.

La Agencia Tributaria apunta que el rendimiento neto, la cantidad a declarar, podrá ser incluso negativa tras las deducciones.

9. ¿Qué gastos no se puede deducir? Eso sí, no todos los gastos son deducibles. Así, por ejemplo, los pagos efectuados por razón de siniestros ocurridos en los bienes inmuebles que den lugar a disminuciones en el valor del patrimonio del contribuyente no se pueden deducir.

Tampoco entra el importe de las mejoras efectuadas en los bienes inmuebles, sin perjuicio de la recuperación de su coste por una vía de amortizaciones.

10. ¿Cómo tributa? En el caso de que el alquiler de un inmueble se destine a vivienda, el rendimiento neto positivo, calculado por diferencia entre la totalidad de ingresos íntegros y los gastos necesarios que tengan la consideración de deducibles, se reducirá en un 60%, cualquiera que sea la edad del arrendatario. Tratándose de rendimientos netos positivos, la reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente.

11. ¿Si se alquila a un joven? En 2015 desaparece la reducción del 100% que se aplicaba al arrendador cuando el arrendatario tenía una edad comprendida entre 18 y 30 años y unos rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas en el período impositivo superiores al IPREM.

12. ¿Cómo afectan los intereses? Además, se establece un límite máximo para la deducción de los intereses de los capitales ajenos, gastos de financiación y gastos de reparación y conservación, que no podrán ser superiores al importe del rendimiento íntegro de cada bien. No obstante, el exceso podrá compensarse en los cuatro años siguientes con el mismo límite para cada inmueble.

13. ¿Si hay subarrendamiento? En el supuesto de subarrendamientos, las cantidades percibidas por el subarrendador no se considerarán rendimientos del capital inmobiliario, sino del capital mobiliario. Sin embargo, la participación del propietario en el precio del subarriendo sí tiene la consideración de rendimientos del capital inmobiliario, sin que proceda aplicar sobre el rendimiento neto reducción alguna.

14. ¿Y si el alquiler se realiza como actividad económica? Únicamente si el arrendamiento se realiza como actividad económica las cantidades obtenidas no tienen la consideración de rendimientos del capital inmobiliario, sino de actividades económicas, dentro de cuyo apartado específico deberán ser declarados.

Se entiende que el arrendamiento se realiza como actividad económica cuando en el desarrollo de la actividad exista, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa, para el desempeño de dicha gestión, según detalla Hacienda.

15. ¿Hace falta un local? La Agencia Tributaria ha incluido una novedad en el ejercicio 2015 y es que desaparece el requisito de contar, al menos, con un local exclusivamente destinado a la gestión de los inmuebles arrendados para considerar el alquiler como actividad económica. De esta forma, si un contribuyente alquila viviendas a través de internet, aunque no tenga un loca físico, se puede entender como actividad económica.

16. ¿Se paga IVA? Normalmente, el arrendamiento de viviendas (utilizadas exclusivamente como tales, con los muebles, garajes y anexos -arrendados conjuntamente cuando así se establezca en el contrato de arrendamiento-), es una operación exenta de IVA. De esta manera, el arrendador no repercutirá ni ingresará el impuesto por este concepto, ni el arrendatario está obligado a soportarlo.

Sin embargo, no se aplicará la exención en aquellos casos en que se atribuya a una vivienda un uso mixto, como vivienda o como despacho profesional.

Tampoco está exento del impuesto el arrendamiento de viviendas amuebladas cuando el arrendador se compromete a prestar servicios propios de la industria hotelera (tales como limpieza, lavado de ropa, sábanas, toallas, etc.).

17. ¿Hay que estar atentos a algo? Pues la Agencia Tributaria ha anunciado que este año está vigilando expresamente quién tiene anuncio de alquileres de viviendas por internet y otros medios.

Noticia: “Expansión.com”

La CNMC desacredita la intención de monopolizar la profesión de Administradores de Fincas por parte de los colegios profesionales

https://blog.cnmc.es/2016/04/07/que-decimos-sobre-los-colegios-profesionales-de-administradores-de-fincas/

¿Que hacen los administradores de fincas?

Los Administradores de fincas se configuran como un órgano de gobierno de las comunidades de propietarios. Es un cargo que puede ser ejercido por por cualquier propietario, así como por personas físicas con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocida para ejercer dichas funciones. También podrá recaer en corporaciones y otras personas jurídicas.

A los administradores se les atribuyen una serie de funciones “mínimas”: i) velar por el buen régimen de la casa, instalaciones y servicios; ii) previsión y presupuestación de gastos que somete a la Junta de propietarios; iii) atender a la conservación de la casa, dando cuenta al presidente o propietarios; iv) ejecuta los acuerdos adoptados en relación a obras, efectuar pagos y cobros procedentes; v) actúa como secretario de la Junta de Administradores, etc.

El Informe de la CNMC tiene que ver con el Proyecto de Real Decreto por el que se aprobarán los Estatutos Generales de los Colegios de Administradores de Fincas y su Consejo Superior.  Concretamente, este Proyecto incluye una serie de elementos que la CNMC considera que pueden implicar restricciones injustificadas tanto para acceder a esta profesión como a la hora de ejercerla.

Para ser administrador de fincas…

  • Está la exigencia indirecta de colegiación obligatoria para ejercer la profesión, aspecto sobre el que la CNMC recuerda que el acceso a una profesión y su ejercicio solo puede limitarse con carácter excepcional y basado en los principios de necesidad y proporcionalidad por una norma con rango de Ley. Esta situación no se da en el caso de los Administradores de Fincas.

  • También está el requisito de tener un título oficial universitario de grado, en cuyo plan de estudios se incluyan conocimientos directamente relacionados con la administración de fincas, que la CNMC considera injustificado. Esta medida supone una restricción no justificada en su necesidad y proporcionalidad y supone limitar la actividad a un número  reducido de operadores.

  • En cuanto a la actividad de peritaje, incluida en los Estatutos, la CNMC recomienda evitar plantear la reserva de la actividad de pericia exclusivamente a los colegiados y que, por lo contrario, puedan ser incluidos otros profesionales, técnicos competentes habilitados para hacerlo, ya que no existe amparo legal para ello.

  • La CNMC recuerda que se debe extremar la cautela en la regulación de la función genérica del Colegio Profesional cuando se alude a“adoptar medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional y a procurar la armonía y colaboración entre colegiados”. Ambos conceptos no pueden amparar obviamente actos susceptibles de infringir la normativa de defensa de la competencia.

  • Finalmente, la CNMC recomienda evitar que los conceptos de intrusimo y el de competencia desleal sirvan, incorrectamente, para restringir el acceso a la actividad de administrador de fincas, una profesión no regulada y de libre acceso.

La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud del Ministerio de Fomento, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC, en aplicación del artículo 5.2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC.

Sobre los colegios profesionales y su necesidad de reforma, hemos hablado con detalle en:

Los colegios profesionales y su reforma, según la CNMC 

¿Qué posibilidades tiene una finca rústica?

La tierra ha sido el primer bien inmueble y el mayor recurso económico en la historia de la humanidad. Tener un pedazo de terreno era asegurarse la supervivencia; hoy puede ser un negocio muy productivo. Leer más